Recientemente tres partidos políticos, Unidas Podemos, ERC y Más País, han presentado propuestas de leyes para regular de forma integral el consumo del cannabis en España, es decir no sólo con fines terapéuticos, sino también recreativos.

Alegando los derechos correspondientes a la libertad personal de cada quien, los beneficios medicinales y una posible contribución a la sanidad pública a través de la recaudación de impuestos.

Se trata de una serie de propuestas expuestas en el Congreso de los Diputados, para la regularización del uso del cannabis impulsada por partidos de la izquierda, donde se aspira lograr una posible despenalización por el consumo de sustancias provenientes de la planta de cannabis.

Subcomisión para el estudio de experiencias internacionales de regulación del cannabis para uso medicinal

Hay que recordar o tener presente que el pasado mes de junio fue aprobada por la Cámara una subcomisión de estudio con la intención de evaluar una posible regulación del cannabis con fines medicinales.

Dicha subcomisión cuenta con seis meses para investigar y analizar la experiencia médica y científica obtenida en diversos países donde usan el cannabis con fines terapéuticos, para presentar un informe que revele los resultados del estudio y sea sometido al debate correspondiente.

Aunque dicha propuesta sea de carácter exclusivo para el uso del cannabis con fines medicinales, su posible aprobación puede representar un cambio de posición para las condiciones de consumo con otros fines.

Propuesta de Unidas Podemos

Desde hace años atrás, el partido Unidas Podemos ha luchado por esta medida, donde plantean la posibilidad de despenalizar el uso del cannabis, y así regular el consumo de diferentes derivados de dicha planta, tanto con fines medicinales como recreativos.

Sus representantes avalan la propuesta porque consideran que se trata de una realidad existente que amerita contar con la seguridad jurídica correspondiente.

La propuesta está enfocada hacia la regulación del uso de cannabis para consumo de personas adultas, incluyendo aspectos como la despenalización del consumo, cultivo y posesión de la sustancia.

Tomando en cuenta la existencia de un mercado ilícito y la necesidad de regular las funciones y actividades de los clubes sociales relacionados, exponiendo la necesidad de que sea el Estado quien garantice la seguridad de los consumidores, asuma el control sobre la producción, distribución y consumo del cannabis.

Todo esto con la finalidad de garantizar productos debidamente regulados como los ofrecidos por Fast Buds, entre otras marcas.

Propuesta de Más País

Este partido ha presentado una propuesta para la Ley Integral del Cannabis, que otorga reconocimiento y valor a las propiedades que ofrece el cannabis, tanto a nivel medicinal, recreativo, sociológico, industria, entre otros.

Ofrecen una ley que abarca diferentes aspectos que aspiran regular aspectos importantes como el autocultivo, comercio, transporte, marketing, consumo, etc.

Incluye además un aspecto relevante en cuanto a la necesidad de que sea gravada con un impuesto del 35% sobre el cual, el 60% será destinado al presupuesto de sanidad para contribuir con la mejora del sistema público de salud.

Adicionalmente establecen proporcionar la seguridad adecuada al consumo a través de la regulación por parte del Estado, en lugar de los riesgos que puede presentar adquirir el cannabis a través del mercado negro.

También propone despenalizar el consumo en vías públicas salvo que la acción conlleve daños o perjuicios a terceros. Además, establece el incremento en la cantidad que pueda llevar una persona para su consumo diario, aumentando 10 veces más de lo permitido en la actualidad.

Por último, contempla la regulación del cannabis para uso profesional, la cual debe ser autorizada por la Administración Pública.

Propuesta de ERC

Por su parte los representantes de ERC, pretenden propiciar la regulación del uso del cannabis debido a que se trata de un mercado real y que genera numerosos problemas a la sociedad.

Su intención es regular el consumo, no incrementarlo, dentro de un marco legal acorde con la realidad del país, y teniendo presentes las necesidades de quienes lo consumen, así como de quienes lo producen y comercian.

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